La eliminación de las sanciones penales por el incumplimiento de la ley presupuestaria municipal exige una explicación clara y pública por parte del Senado. En una democracia, las normas que protegen el uso correcto de los recursos del pueblo no se debilitan sin razones técnicas, jurídicas y transparentes.
En un país marcado por el manejo irregular de fondos públicos, reducir consecuencias legales envía un mensaje peligroso: debilita la rendición de cuentas y normaliza la falta de responsabilidad. La descentralización no puede convertirse en impunidad. No se trata de criminalizar errores, sino de garantizar consecuencias reales a quienes administran recursos públicos.
Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados a actuar con responsabilidad y prudencia en el conocimiento de esta modificación. El pueblo dominicano no aceptará más cambios legales que debiliten el control, la fiscalización y la protección del dinero público.
La ciudadanía debe mantenerse vigilante. La República Dominicana necesita instituciones fuertes, ética pública y leyes que se respeten, no reformas que amparen el incumplimiento.
